Publicado originalmente en El Huffington Post.
Sería un error intentar cargar con más deuda a países ya suficientemente sobrecargados.
Si la justicia social no fuera razón suficiente, la economía debería convencer a los gobiernos europeos más reacios a respaldar el Fondo de Recuperación que necesitamos para hacer frente a la crisis post-covid-19. La Gran Recesión de 2008 ha demostrado de forma nítida lo que algunos decíamos entonces, que la austeridad no puede ser la respuesta. No solo por el sufrimiento indudable que los recortes han supuesto para la inmensa mayoría de la población, la degradación de los servicios públicos y la injusticia evidente de hacer pagar los platos rotos de la crisis financiera a quienes menos la habían provocado. Es que además, desde el punto de vista de la recuperación económica, la austeridad ha demostrado ser una rotunda equivocación.
Desgraciadamente, esta dura lección la hemos aprendido con creces, y ahora, ni los organismos internacionales, ni siquiera los partidos liberales y conservadores de nuestro entorno plantean que esa pueda ser de nuevo la respuesta. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó por primera vez lo que llamó un Plan Marshall para Europa, la idea de un gran un Fondo de Recuperación (ahora denominado por la propuesta de la Comisión Europea Next Generation EU), se ha ido abriendo paso, y en estos momentos nadie cuestiona la idea general de que es imprescindible una inyección masiva de capital para sostener la economía golpeada por la pandemia. Pero luego están los detalles, y esa es ahora la cuestión.
Los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo hemos hecho un esfuerzo de negociación y consenso para enviar un mensaje común, alto y claro, con dos resoluciones aprobadas por amplia mayoría, y una carta que enviamos la semana pasada a los líderes europeos. La idea fundamental es que no vamos a aceptar cualquier acuerdo. El Fondo de Recuperación deberá tener un tamaño acorde a las dimensiones de esta crisis, y alcanzar, como mínimo, los 750.000 millones de euros, como pidió la Comisión Europea. De ellos, al menos 500.000 millones tendrán que ser en forma de subvenciones a fondo perdido, de la misma manera que se ha hecho con los Fondos de Cohesión, que transformaron Europa y la pusieron en la vía de la convergencia. Sería un error intentar cargar con más deuda a países ya suficientemente sobrecargados.
Además, estamos convencidos de que esos fondos no pueden ir vinculados a condicionalidades macroeconómicas, puesto que no estamos ante una crisis del sistema, sino ante un shock externo que no puede ser la excusa para nuevos recortes. Por el contrario, consideramos que estos fondos sí deben tener un destino muy definido, que aporte un auténtico valor añadido y nos ayude a avanzar hacia la Europa que queremos dejar a la siguiente generación. Debemos convertir esta crisis en oportunidad y que ese dinero actúe como palanca de cambio para hacer las transformaciones que necesitamos, fundamentalmente, en tres ejes.
En primer lugar, debe ayudarnos a cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo, para hacer una Europa sostenible, que cambie nuestro sistema productivo, y al mismo tiempo, proteja a los sectores clave de la Unión Europea sin dejar a nadie atrás, con ayuda del Fondo para una Transición Justa, que ahora se ha multiplicado por cuatro. En segundo lugar, necesitamos avanzar hacia una transformación digital inclusiva y social, que adapte todos nuestros sectores de producción a la tecnología y al mismo tiempo preserve nuestra seguridad y derechos fundamentales. Pero además, esta transformación profunda que queremos emprender debe tener una mirada social, contra la desigualdad, la brecha de género, la pobreza infantil, el desempleo. Ahora más que nunca se hace evidente la necesidad de reforzar los servicios públicos y de conseguir que la ciudadanía sienta que la Unión Europea proporciona una capa de protección social más allá de las instituciones nacionales. Solo así lograremos hacer frente a la ola de populismo que amenaza con hacerse más intensa aun en tiempos de crisis, y que pone en cuestión el propio proyecto europeo.
Por otra parte, es evidente que estas inversiones hay que financiarlas, y por eso necesitamos que la Unión Europea tenga más presupuesto. Sin embargo, no pedimos que la carga recaiga sobre los Estados miembros, porque eso supondría en último término trasladarla a la ciudadanía, y tampoco queremos que las futuras generaciones tengan que pagar este esfuerzo. Por eso pedimos ahora lo mismo que llevamos reclamando en los últimos años, un aumento de los recursos propios de la UE, con impuestos a las grandes tecnológicas y a las empresas más contaminantes, y al mismo tiempo, con medidas contra la evasión de impuestos y la competencia desleal en materia fiscal entre Estados miembros de la Unión Europea. Queremos que los líderes europeos se comprometan con esta propuesta indispensable para obtener más recursos, y que lo hagan de forma vinculante y estableciendo plazos concretos.
Estas son las medidas que reclamamos las y los socialistas y que han conseguido el apoyo de la inmensa mayoría del Parlamento Europeo. No hay tiempo que perder. Necesitamos que el acuerdo entre los líderes europeos llegue cuanto antes, en el próximo Consejo de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en julio. Es imprescindible que lo tengamos listo antes del verano para que podamos hacer el trabajo necesario y que los fondos empiecen a llegar allí donde se necesitan en enero de 2021. Cuanto más tardemos en decidir, más dura y más profunda será la crisis.
Además, exigimos para este proceso la plena implicación del Parlamento Europeo, para que pueda ejercer su papel de control democrático como representante de la voluntad ciudadana. Pero también, para aportar dirección política y construir consensos, como ha venido haciendo de forma ejemplar desde el comienzo de la pandemia, con el convencimiento de si actuamos pronto, con visión, ambición y firmeza, Europa saldrá de esta crisis más fuerte y más unida. El momento de actuar es ahora.
Foto Markus Spiske vía Unsplash