- Italia y Dinamarca intentan usar la crisis de Ceuta para llevar la UE a políticas ultras y que criminalizan a la población migrante, como los centros de repatriación en terceros países.
Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, asegura a ‘Público’ que la postura danesa no representa a la familia de los socialistas europeos.
Inés García Rábade
Madrid-10/08/2026 21:50
Los últimos gestos de la primera ministra de Dinamarca y líder de los socialdemócratas daneses, Mette Frederiksen, no representan ni a la familia de los socialistas europeos ni a su grupo en el Parlamento Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). En estos términos se pronuncia, en conversación con Público, la presidenta de estos últimos, Iratxe García. «No apoyamos ni compartimos sus últimas declaraciones», asegura, tajante, la también secretaria de la UE en la Ejecutiva del PSOE. Ni en el tono ni en el contenido. Para entenderlo, hay que acudir al Instagram de la mandataria danesa. Allí, de la mano de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Frederiksen compartía, este lunes, un comunicado en contra de la «inmigración descontrolada» dentro del mapa europeo y a favor de seguir endureciendo las políticas migratorias de la UE.
«Nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades», valoran, en el post, las dos dirigentes europeas, vinculando sin tapujos —y sin aportar ningún tipo de estadística o estudio— a las personas migrantes con el aumento de la criminalidad, el tráfico de drogas, la violencia sexual o la saturación de los servicios públicos. Para combatir este «perjuicio» sobre «los ciudadanos de a pie», el tándem Meloni-Frederiksen apuesta por generalizar los controvertidos centros de repatriación en terceros países, al estilo de los que la dirigente italiana financia en territorio albanés. No contentas con eso, las primeras ministras de Italia y Dinamarca se dirigen a los extranjeros que viven «legalmente» en Europa para exigirles que respeten su «herencia cristiana» y que no traten de imponer «formas de vida que no queremos». Un discurso con el que ambas dirigentes dan alas a la narrativa ultraderechista que advierte sobre la «islamización» de Europa.
«Este tipo de propuestas inspiradas en las redadas de deportación del ICE estadounidense«, sostiene Iratxe García, «llevan a Europa en la dirección equivocada». Una dirección opuesta a la que dibujan el resto de partidos de la socialdemocracia europea que, recuerda la presidenta de S&D, hace apenas dos meses votaron en la Eurocámara en contra del Reglamento de Retorno y de la creación de centros de repatriación. «Los llamados return hubs plantean serias dudas jurídicas, éticas y en materia de derechos fundamentales«, denuncia, en esta línea, García. Y ni siquiera funcionan. Lo demuestra el caso italiano: «Por segundo verano consecutivo, los centros en Albania permanecen prácticamente vacíos». Un síntoma más del «fracaso» de un modelo que la política socialista tacha de «costoso, ineficaz y contrario a los valores europeos«.
El pulso diplomático entre España e Italia
Es innegable que, con este comunicado, la dirigente danesa se distancia (una vez más) de la posición política del resto de socialistas europeos. Y se alinea, de lleno, con uno de los gobiernos más a la derecha de la Unión. El momento no es casual. Hace apenas once días que estallaba una crisis fronteriza y humanitaria en la línea que separa Ceuta y Marruecos (Europa y África): el espigón del Tarajal. El pasado 30 de julio, en torno a 80.000 personas, según las últimas cifras del Ministerio de Política Territorial, entraban de forma inesperada a territorio español. Dos días después, el sábado 1 de agosto, los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula Von der Leyen, recibían una carta de 22 de los 27 países que dan vida a la Unión. ¿Los impulsores? Los gobiernos de Italia y Dinamarca. En esta misiva —por miedo a nuevos «cruces masivos descontrolados»— los 22 se mostraban dispuestos a «reintroducir controles temporales» en el mapa comunitario. En otras palabras, a recortar el espacio Schengen. Una medida que, ese mismo día, el ejecutivo italiano empezaba a aplicar.
Desde el pasado martes, 4 de agosto, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de la UE, la calma y el apoyo al Gobierno español volvían a reinar en el tablero político europeo. O eso parecía. Y es que el ejecutivo italiano optaba (y sigue optando) por mantener los controles aéreos y marítimos a los viajeros que llegan desde territorio español. El viernes, 7 de agosto, España respondía con la misma moneda. Hasta el próximo 7 de septiembre, los viajeros procedentes de Italia también serán sometidos a controles de identidad y documentación. «Incomprensible y totalmente inaceptable». Así ha calificado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, la reacción española. «El Gobierno de extrema izquierda español roza lo ridículo», ha respondido, por su lado, el viceprimer ministro de Meloni, Matteo Salvini. Desde el ejecutivo italiano, vinculan la crisis ceutí a la regularización extraordinaria de personas migrantes del Gobierno de Sánchez, hacen su propia (y cuestionable) lectura del Acuerdo de Schengen y advierten del peligro de «una nueva ola a mediados de agosto».
Es en medio de esta tesitura cuando la primera ministra danesa ha decidido significarse de nuevo. Y no precisamente en favor de su homólogo socialista en España. Fuentes del PSOE, en conversación con Público, exigen explicaciones a lo que consideran, hasta cierto punto, un partido hermano y le afean sus postulados en materia migratoria, «en las antípodas de los valores socialdemócratas». «La gestión de la migración solo será eficaz si va de la mano del pleno respeto de los derechos humanos», insiste, por su parte, Iratxe García, quien apuesta por un «enfoque integral» que combine la cooperación con los países de origen y tránsito, vías «legales y seguras» de migración, una política común de asilo —antigua seña de identidad de la UE— y la lucha contra las mafias y las redes de tráfico de personas.
Alemania fuerza a Italia a reasumir sus peticiones de asilo
1.033 pasajeros de 58 vuelos distintos. Estas son las cifras que maneja Interior sobre el impacto que están teniendo los controles a los viajeros que llegan dese Italia. El motivo oficial de esta supervisión, repiten desde Moncloa, es «la persistente presión migratoria irregular» que soporta el país de Meloni. Los números, recuerdan, les dan la razón. Según Frontex, Italia es el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos cinco años, entre enero de 2021 y junio de 2026. Cerca del doble —478.600 frente a 234.760— de los que ha identificado el Estado español. Pero es que, además, desde Moncloa insisten en que Roma lleva sin aplicar el Reglamento de Dublín —que rige las peticiones de asilo dentro de la Unión—desde 2022. Un incumplimiento que conlleva «una carga adicional» para el resto de Estados miembro. Este lunes, el primer ministro alemán, Friedrich Merz, se agarraba a esta vulneración (y a las reglas del nuevo pacto migratorio europeo) para hacer un anuncio: Alemania devolverá a suelo italiano a los solicitantes de asilo que no le corresponden y que, en su momento, acogió. El discurso antiimigración se ha acabado volviendo contra Meloni, embarrada en su propia cruzada para convertir en munición electoral a las personas migrantes.
Italia está ya en precampaña electoral. Será el próximo año, en 2027, cuando la mandataria italiana se juegue, de nuevo, las llaves del Palazzo Chigi, sede del Gobierno. Y le ha salido competición por su derecha. El general retirado Roberto Vannacci y su nuevo partido, Futuro Nazionale, amenazan con robarle a parte de su electorado más radical. De hecho, el también eurodiputado atrae ya, según los últimos sondeos, a algo más del 7% del electorado italiano. En cualquier caso, tampoco es nuevo que Meloni convierta una emergencia migratoria en una oportunidad política. Lo hizo ya en 2023, tras el colapso de la isla Lampedusa, con la presentación, junto a Von der Leyen, de un nuevo plan de acción contra la inmigración irregular. La primera ministra italiana se convertía, en el que era su primer año de mandato, en una interlocutora clave para el futuro del debate migratorio europeo. Parece que quiere seguir siéndolo.
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