Estrasburgo (Francia), 10 feb (EFE).-
El Parlamento Europeo celebró este martes un debate sobre la regularización en España de en torno a medio millón de migrantes irregulares que enfrentó de nuevo a los bloques conservador, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de crear un efecto llamada, y progresista, que defendió la «dignidad» de estas personas.
La popular Dolors Montserrat acusó a Sánchez de «fabricar una regularización masiva para 800.000 migrantes (…) sin verificar si tienen antecedentes penales y policiales» y de hacerlo «a la fuerza y por decreto», lo que consideró «un atentado contra la política migratoria europea».
«Esto es un atentado contra la política migratoria europea, sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta las mafias y dispara el efecto llamada. Es una decisión unilateral con consecuencias devastadoras para los 27 Estados miembros», sostuvo.
La socialista Iratxe García señaló que los migrantes a los que se les regularizará su situación en España «son parte de las comunidades, pero se les niegan los derechos básicos».
«Mantenerlos en la sombra no es firmeza, es hipocresía. Y sacarlos de la clandestinidad no es debilidad, es dignidad», dijo.
Por parte del partido ultraderechista Vox, Jorge Buxadé manifestó que la migración «masiva y descontrolada es un peligro existencial para Europa» y aseveró que no es solo una cuestión de «seguridad», sino también de desaparición de «barrios y costumbres, leyes e instituciones».
«Hablo de matrimonios fraudulentos, poligamia, familias enteras viviendo de las ayudas públicas por el abuso, de la reagrupación familiar, suburbios donde nadie trabaja y de aquellos en los cuales los nuestros son expulsados porque ya no se reconocen», afirmó.
El eurodiputado ultraconservador Diego Solier (que inicialmente concurrió con Se Acabó la Fiesta pero ahora milita como independiente) aseguró que el mensaje que traslada el Gobierno español es que una persona puede «entrar ilegal, esperar y quedarse».
A su juicio, si un país toma «sin garantías ni control» decisiones sobre libre circulación que afectan a todos los países de la zona Schengen se rompe «la confianza».
Desde los Comunes, Jaume Asens acusó a la «extrema derecha trumpista» de «agitar el debate migratorio con caricaturas racistas» y afirmó que su partido no quiere «la Europa de la Gestapo de Trump», sino una que regulariza a miles de personas que ya viven y trabajan en España, como ha hecho el Gobierno.
«El horror no empezó en los campos de concentración. Empezó precisamente cuando (…) se normalizó que hay vidas que valen menos», advirtió.
También la eurodiputada del izquierdista Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero acusó a la derecha de ver a las personas regularizadas como «gente a la que machacar, a la que humillar, de la que aprovecharse», y citó la Biblia para pedir que se trate a estas personas como le gustaría que le tratasen a uno.
La parlamentaria del PNV Oihane Agirregoitia aseveró por su parte que «no es ninguna novedad que la UE pierde población» y, en este sentido, vio la regularización «necesaria».
La regularización extraordinaria de migrantes que viven en España en situación irregular va dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia hasta finales del pasado diciembre.
Y es que el mismo día en que el Gobierno de España anunció la regularización, el centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) divulgó que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas, el 91 % procedentes del continente americano, especialmente de Colombia, Perú y Honduras.
(c) Agencia EFE
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