Ana Fernández y Óscar Lobo encabezan una delegación que hoy y mañana se reunirá con el presidente del CESE, Oliver Röpke, y la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas, Iratxe García, entre otros
El Día de Valladolid
SPC – martes, 24 de junio de 2025
Los sindicatos UGT y CCOO presentan hoy y mañana en el Parlamento Europeo, su «Propuesta para la regulación por la Unión Europea de supuestos de deslocalización de la producción por empresas en zonas geográficas económicamente sensibles».
Una delegación encabezada por los máximos responsables de ambas organizaciones, Ana Fernández y Óscar Lobo, junto al presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, acudió hoy a Bélgica, a presentar el documento, y mantener reuniones con el presidente del CESE, Oliver Röpke, y las responsables de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (EMPL), Alicia Homs e Idoia Mendía, para mañana con la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas, Iratxe García, y el eurodiputado popular Raúl de la Hoz (PP).
Ambos sindicatos destacaron en un comunicado conjunto, recogido por Ical, que cuentan con una amplia experiencia en la protección de las zonas más vulnerables, por lo que ahora se sienten avalados para instar a Europa a que se articule una ley que «obligue a los deslocalizadores a dar continuidad a las instalaciones en las que pretendan dejar de producir». Aunque, hasta el momento, a través de la Fundación Anclaje ese compromiso es voluntario, UGT y CCOO quieren que «sea obligatorio para lo que es imprescindible una regulación por ley».
Los responsables sindicales destacaron que Castilla y León es una comunidad «mucho más vulnerable a la deslocalización» que otras regiones europeas, porque es una Comunidad autónoma con un fuerte carácter rural. Así lo demuestran, indicaron, los casos que desde CCOO CyL y UGT CyL lideraron para evitar la deslocalización. Fontaneda en Aguilar de Campoo (Palencia), Bimbo en El Espinar (Segovia), Norma en San Leonardo (Soria) y Vestas en Villadangos del Páramo (León).
De todos estos conflictos, estos sindicatos llevaron a Europa dos de ellos, Norma y Vestas, para buscar una regulación que evitara el cierre y «mantener la riqueza y favorecer el desarrollo económico de sus respectivas comarcas».
Además, ante la preocupación por el riesgo de cierres del medio rural, propusieron en su día la creación de la Fundación Anclaje como herramienta que permitiera buscar una solución a la deslocalización. Además, suscribieron un protocolo de actuación, consensuado con la CEOE y la Junta de Castilla y León, que también «ha dado buen resultado en las empresas evitando no solo varios cierres, sino que, a fecha de hoy, 20 años después, sigan abiertas y en plena producción».
De hecho, la Fundación Anclaje se volvió a activar hace tan solo unos días con el conflicto de Azucarera, aunque si bien en la segunda reunión la empresa declinó la invitación, el resto de las partes implicadas acordaron, de manera unánime, aprobar la propuesta defendida desde UGT y CCOO que pasa, básicamente, por la defensa del sector azucarero y remolachero y el rechazo al cierre de la fábrica de La Bañeza.
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FOTO ICAL
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